La SEPI se echa atrás en la compra de Alcoa tras el caso Plus Ultra y deja en el aire 500 empleos

La SEPI ha vuelto a liarla. Tras el escándalo por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, el hólding empresarial del Estado se ha echado atrás en la prometida compra de la planta de Alcoa en Lugo para después revenderla al conglomerado GFG Alliance (Liberty). Una retirada que el Gobierno ha comunicado por carta a la empresa y que deja en el aire más de 500 empleos que se salvaron in extremis de un ERE, precisamente porque la planta se iba a vender.

La carta la firma Raúl Blanco, secretario general de Industria y de la Pyme (aunque la SEPI depende del Ministerio de Hacienda), y en ella afirma que «Alcoa debe tomar la iniciativa de la venta estableciendo un contacto directo con los inversores interesados, constatando su solvencia y su perfil industrial». «Alcoa debe acometer el proceso de venta facilitando toda la información necesaria a los potenciales compradores para que puedan emitir ofertas vinculantes viables que garanticen la actividad de las plantas y el mantenimiento del empleo. SEPI, como instrumento del Gobierno de España, está dispuesta a estudiar y trabajar en la propuesta de venta que Alcoa alcance con el Comprador elegido», desgrana.

Esto es todo lo contrario de lo que había acordado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales con Alcoa, que era que sería el holding público quien compraría la planta para después revenderla a GFG, en lo que se conoce como una operación ‘back to back’. Según la carta, ahora la SEPI renuncia a la compra y exige que negocien directamente Alcoa y GFG.

Por tanto, se quita de en medio y su papel pasa a ser de mero apoyo a la transacción. Algo que sorprende especialmente después de que GFG renunciara a una de sus exigencias (comprar la planta de alúmina anexa a la de aluminio que Alcoa no quiere vender) para facilitar la transacción.

Alcoa rechaza vender a nadie que no sea la SEPI

Alcoa siempre ha rechazado hacer un proceso de venta de la planta porque lo que realmente quiere es cerrarla. Precisamente, para evitar el cierre -después de que la Justicia tumbara el ERE que había planteado- fue para lo que la SEPI se ofreció como intermediaria, con el apoyo del Gobierno central y del gallego. Por eso, aceptaron vender exclusivamente a la SEPI, que compraría con la garantía de tener una empresa industrial interesada a la que podría revender la planta.

Si Alcoa no tenía intención de vender a GFG desde el principio, ahora menos aún después del registro de su sede ordenado por la Audiencia Nacional en marzo por la venta de las otras plantas que tenía en España (Avilés y La Coruña) y que acabaron en manos del fondo especulativo Parter. Además, la Abogacía del Estado se ha personado en la causa. Es decir, no va a arriesgarse a que le vuelva a pasar lo mismo con la instalación de San Cibrao.

La cosa se complica más con la implicación del dueño del conglomerado GFG, el magnate indio Sanjeev Gupta, en el escándalo de la quiebra de la financiera Greensill, donde se le acusa de utilizar facturas falsas para obtener préstamos.

La SEPI asegura que existen otros posibles interesados en la planta aparte de GFG, como Aludium o Alibérico. El gigante del aluminio se abre a considerarlos, pero siempre con la condición de que la transacción se haga a través de la SEPI, porque mantiene la negativa a vender a nadie que no sea el Estado.

El Supremo puede reactivar el ERE

La marcha atrás del holding estatal puede tener otra consecuencia todavía más grave. Uno de los motivos  por los que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tumbó el ERE era que la planta no era inviable como sostenía Alcoa, ya que había alguien interesado en comprarla. Si ese alguien (la SEPI) deja de estar interesado, ese argumento se viene abajo. Y Alcoa tiene recurrida esta sentencia ante el Supremo.

Si el Alto Tribunal le da la razón a la empresa con sede en Pittsburgh, podrá retomar el ERE de 524 empleados y cerrar definitivamente la planta lucense.

Las consecuencias del escándalo por el rescate de Plus Ultra también han afectado a  numerosas empresas turísticas que han pedido el rescate público por la situación en que se encuentran debido a la pandemia, y que han visto como la SEPI ha ralentizado sus expedientes, como informó OKDIARIO.